Perfeccionista y observadora, como ella se define, encontró en la Universidad el lugar idóneo para un equilibrio y una profesión que “te deja tiempo”, porque investigar es algo muy laborioso donde no caben las prisas, y “si tienes que dedicar Navidad, Semana Santa y verano, lo haces, pero a tu ritmo”.
Así, Pilar Martín Aresti (Salamanca, 1966), catedrática de Derecho Mercantil, sabe que no se equivocó cuando se quedó en la Universidad de Salamanca, porque, indica, “me ha dado muchas satisfacciones, y aunque también es ingrata a veces, te permite siempre el contacto con gente joven y también relacionarte con personas muy inteligentes y que trabajan mucho por la colectividad. Estoy muy contenta si miro hacia atrás”.
En este largo camino, su voz es ya un referente si hablamos de Propiedad Intelectual y Competencia, un mundo complejo y apasionante, donde ve grietas y lagunas, no sólo porque “el Derecho va siempre detrás de los problemas”, sino también porque “la sociedad necesita consolidar principios y valores” en torno al respeto de lo ajeno y la solidaridad. Por ejemplo, haciendo que una patente no contribuya “a las desigualdades tremendas que lleva un derecho en exclusiva en un mundo global, con problemas globales, como ciertas enfermedades o el deterioro del medio ambiente”, o favoreciendo la competencia leal frente a aquellos que sólo priman los intereses económicos.
La Universidad, en este camino, tiene mucho que aportar, pero es necesaria “una transferencia real de todo lo que se hace aquí, que se hace mucho”, y por supuesto, mayor inversión en ciencia y en investigación.
Catedrática de Derecho Mercantil, directora del Departamento de Derecho Privado, secretaria general en el anterior equipo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, numerosos artículos de investigación, libros, investigadora de temas tan complejos como Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial, Derecho de Sociedades, Contratación Mercantil, Derecho de la Distribución Comercial… Con su ejemplo, podemos decir abiertamente que Ellas investigan, sin género de dudas.
Claro que sí, de manera tal vez más organizada, porque tenemos siempre más cosas entre manos, suele haber una familia con hijos de los que te ocupas, y si tienes padres mayores también, y eso requiere mayor organización.
Esa parece ser la clave hacia el camino de la igualdad: compartir más las cargas familiares que a día de hoy siguen recayendo en su mayor parte sobre la mujer.
Sí, muchas veces porque nos lo auto imponemos; en mi caso lo reconozco así. Necesito controlar cosas que me parecen esenciales, y no es que no permita que mi pareja lo haga, sino que yo también quiero estar ahí si son asuntos de dos. Esto ocupa mucho tiempo, más cuando los hijos tienen edades en las que hay que estar más pendiente, te lleva tiempo y preocupaciones, pero, en todo caso, hoy en día las cosas han mejorado mucho. No nos desentendemos, aunque las tareas sean ahora más compartidas, como cualquier madre trabajadora, y esto no tiene que ser un mérito adicional, pero sí un condicionante para hacer las cosas de forma más organizada, el desorden no es buen consejero.
“Yo nunca he tenido muros por ser mujer, jamás, creo que siempre he sido considerada por lo que trabajo, por cómo trabajo y por lo que aporto”
¿Todavía hay muchos muros que derribar en esta lucha por la igualdad?
Desde el punto de vista de la percepción en mi mundo laboral, yo nunca he tenido muros por ser mujer, jamás. Creo que siempre he sido considerada por lo que trabajo, por cómo trabajo y por lo que aporto. Quizá en un contexto más social, o menos universitario, más general, pues sí que se pueden encontrar barreras. Sin embargo, medidas como el establecimiento de cuotas, por ejemplo, me dan un poco de miedo, porque creo que al final se desconoce cuál es el criterio fundamental, el mérito y la capacidad. En cierta manera podrían ayudar si vienen referidas a personas que tienen las mismas capacidades, permitiendo que las mujeres tengan las mismas oportunidades; en ese aspecto sí. Pero los muros más bien creo que se derriban con el tiempo, con el esfuerzo y con la generosidad de todos, con los principios y los valores, que determinan la valía de una persona, más allá de su sexo o condición.
Me viene ahora a la cabeza Carmen Alborch, que, como usted, fue la primera directora del Departamento de Derecho Mercantil y primera decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia, ahora tristemente de actualidad por su fallecimiento. Todavía sigue habiendo una primera vez en muchas cosas, tradicionalmente de hombres, todavía es noticia la diferencia…
Está claro que hay barreras, lo que pasa es que yo entiendo que esas barreras están siendo derribadas por el propio trabajo, el propio esfuerzo y la propia evolución de la sociedad. ¿Queda mucho? Pues sí, queda mucho. ¿Medidas drásticas para derribarlas? Creo que entre aquellas personas que se encuentran entre iguales, como es mi caso, no lo veo tan necesario, en el sentido de que a mí ser mujer no me ha impedido nada. Es verdad que la universidad y la empresa privada son mundos distintos, pero en la universidad yo no percibo que haya ningún tipo de discriminación.
¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué Derecho y por qué Derecho mercantil?
A mí la universidad me gustó desde que era alumna. El ambiente académico, la sensación de que por ti pasan generaciones de personas que siempre tienen un rango de edad determinado y nunca van a crecer, y tú siempre estás en contacto con gente que está viviendo su juventud universitaria; ese contraste me llamaba mucho la atención. El Derecho mercantil también me gustó mucho siempre, me gusta el Derecho Privado, el civil, el mercantil, más que el Derecho Público. Yo decidí hacer mi tesis en este campo a ver qué pasaba, me enfrasqué, y aquí hemos llegado. Una posibilidad que también barajé fue estudiar Judicaturas y, de hecho, llegué a hablar con jueces conocidos, pero lo que me echó atrás es que en un juzgado yo creo que los problemas te los llevas a casa, y tienes muchísima responsabilidad sobre la propia vida de la gente. Luego resulta que aquí también te llevas el trabajo a casa, porque se trabaja sábados, domingos, Navidades, Semana Santa y veranos si es necesario, pero es otro tipo de ocupación, no hay tanta responsabilidad sobre cuestiones ajenas.
“Es necesario tener unas nociones de Derecho
para manejarse en la vida. Las normas jurídicas
afectan mucho más de lo que uno cree”
¿Qué aporta el Derecho mercantil en la vida diaria de cualquier ciudadano?
En una ocasión, a una persona muy cercana que me reprochaba que esto que yo estudiaba era algo muy aburrido, que no tenía ningún sentido, le dije (espontáneamente, sin pensar) que es necesario tener unas nociones de Derecho para manejarse en la vida, porque afecta mucho más de lo que uno cree. Es verdad que lo puedes dejar en manos de terceros, pero no está mal tener tus propios conocimientos. En el caso del Derecho mercantil, que está asentado en la propia realidad económica, ordenando las formas de desarrollar esta actividad a través de las empresas, su influencia llega a los ciudadanos a través de la contratación en masa, de sus relaciones con las aseguradoras, con los bancos… El Derecho mercantil afecta directamente a los empresarios y sus relaciones: las internas, a través de sus estructuras societarias, y las externas, a través de la actuación en el tráfico y sus relaciones con terceros. Es un Derecho que ordena la actividad económica profesional, por decirlo de una forma fácil. Es verdad que el Derecho en sí resulta lejano, yo lo entiendo, porque es una ciencia muy técnica y, a veces, la gente tiene la percepción de que vale una forma y la contraria, pero no es así, es un mecanismo necesario de regulación de las relaciones sociales y de solución de conflictos de carácter vinculante.
Es muy interesante, porque al final ya parece una frase hecha aquella de “lo consultaré con mi abogado”, pero no está de más aproximarse a algo tan necesario en el día a día como es la regulación de las relaciones socioeconómicas.
En el ámbito universitario ya se está avanzando en ello. Obviamente, en Grados como Gestión y Dirección de Empresas, Economía, ADE, y todo lo que se imparte en la Facultad de Economía y Empresa, ya hay asignaturas jurídicas, pero también se han incorporado en otros donde el Derecho adquiere una dimensión relevante en algunos aspectos, como en Biotecnología, por poner un ejemplo. Los planes de estudios de Grado son más flexibles que las antiguas Licenciaturas, y esto permite que el Derecho tenga cada vez más presencia en Grados que no son propiamente jurídicos.
Una etapa relevante en su carrera ha sido ponerse al frente de la Secretaría General de una Universidad que empezaba ya las celebraciones por sus 800 años. ¿Qué le deja esta experiencia?
Fue una experiencia muy, muy positiva. Me incorporé a un equipo que llevaba trabajando varios años. Mi nombramiento fue una sorpresa, no me lo esperaba. Ni siquiera conocía al rector personalmente, pero claro, a un rector no se le puede decir que no, y a ese reto tampoco. Yo me vi en una semana con una responsabilidad que no tenía ninguna previsión de asumir, ni se me había pasado por la cabeza, pero aun así, desde el principio hasta el final fue una etapa muy positiva por tres razones: primero, porque a partir de esta experiencia me he hecho más tolerante con los gestores en general. Aunque yo había sido hasta entonces directora de departamento, es un ámbito muy reducido, pero en la Secretaría General no tienes a nadie a quien pedir cuentas, exigir responsabilidades, plantear quejas o proponer algo, porque yo era quien mandaba en mi sector. Te das cuenta de lo complicada que es la gestión, por eso hay que reconocer el esfuerzo que supone, que no siempre tiene recompensa, y a veces no se valora suficientemente lo difícil que es sacar adelante las cosas.
“El VIII Centenario es una gran oportunidad para colocarse
en la primera línea de la visibilidad, tanto respecto
a las universidades españolas como a nivel supranacional”
En segundo lugar, esta experiencia personal me ha permitido conocer a fondo la Universidad. La Secretaría General es un sitio que filtra los asuntos de todos los vicerrectorados, y su titular tiene un conocimiento muy directo, aunque no sean su competencia, de todos los problemas que tiene la Universidad planteados en un momento dado. También hacíamos mucho trabajo de equipo, mucho flujo de información de todos y para todos, y eso me proporcionó un conocimiento profundo de la universidad y de los universitarios. Me posibilitó acercarme a mucha gente de la que yo había oído hablar, pero no conocía, y pude descubrir la cantidad de personas válidas que hay en la Universidad de Salamanca y lo mucho y lo bien que se trabaja. Y luego, en tercer lugar, el llevarte el conocimiento personal y el aprecio personal de gente con la que has trabajado, que es algo que te queda para siempre.
Este conocimiento de primera mano le puede ayudar a discernir si cree que la USAL está preparada para recoger el testigo de estos 800 años y aprovechar las celebraciones para dar un salto cualitativo y superar sus problemas en la buena dirección…
Problemas que son comunes a todas las universidades, aunque luego cada una tenga sus particularidades. Yo creo que el VIII Centenario es una gran oportunidad para colocarse en la primera línea de la visibilidad de las universidades españolas y a nivel supranacional, como de hecho está ocurriendo. En Latinoamérica, por ejemplo, el VIII Centenario tiene una repercusión especial por la influencia de la Universidad de Salamanca, e incluso se ha celebrado en varias universidades. Esta es la oportunidad, hacerse visible. El salto cualitativo por efecto del VIII Centenario yo creo que es más difícil. Saltos de este tipo en la universidad, que es una institución con una administración sumamente compleja, son difíciles de conseguir en tan poco espacio de tiempo. Tiene que ser fruto del trabajo continuado de los sucesivos equipos, remando todos en una dirección.
¿Qué retos tiene la universidad planteados? Ésta, y globalmente en España…
Ya casi se está convirtiendo en un tópico, porque desde hace tiempo se viene exigiendo, pero hace falta una mayor implicación de la Universidad con la sociedad a través de la transferencia real de todo lo que se hace aquí, que es mucho. Establecer canales que realmente funcionen para percibir que la Universidad tiene encomendada una función social, que lo que hace debe revertir a la sociedad y puede ser aprovechado por ella. En materia de investigación es fundamental, hay que conseguir mayor comunicación entre los resultados obtenidos y su aprovechamiento. Para eso también hay que potenciar la investigación, y la verdad es que la Universidad no siempre tiene la dotación presupuestaria suficiente para afrontar este tipo de retos, así que es un problema en el que intervienen diferentes agentes.
“La comunidad universitaria es un colectivo muy crítico,
y eso es muy positivo, aunque a veces ello ralentice
la toma de decisiones por la exigencia de ponderar
cuáles pueden ser sus efectos”
El propio sistema de administración de las universidades es muy complejo, y esto casa mal para sacar las decisiones adelante, sobre todo con el contexto de sociedad en el que ahora se vive. La administración universitaria es poco flexible, muy garantista, hay que tomar en cuenta muchas opiniones y muchos informes hasta conseguir sacar algo adelante. Hay un público crítico muy importante en la universidad y eso está muy bien, pero a veces en la toma de decisiones hay que ponderar a quiénes les pueden afectar y que no se ralenticen demasiado.
Así debería ser la vida de universitario ejemplar, contribuir a hacer un mundo mejor a través de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. ¿Todavía queda mucha distancia por recorrer en ese camino?
Es cuestión de asignar recursos de manera eficiente, y eso es un tema de investigación y de gestión de la investigación, no es fácil.
Vamos a la investigación. ¿En qué está centrada ahora?
En el ámbito jurídico, se hace mucha investigación a título individual, más que en otros campos donde se trabaja más en equipo. Podríamos decir que hay unas líneas de investigación individuales y luego una línea colectiva, en este segundo caso, también para aprovechar recursos y responder a los intereses de sectores estratégicos donde se requiere mayor financiación. Mi línea de investigación básica siempre ha sido el Derecho de la Propiedad intelectual y de la Competencia. Me doctoré con una tesis sobre el contrato de licencia de patentes, y es una línea que nunca he dejado; primero, porque me gusta mucho, y segundo, porque es un campo con muchos vínculos con otros sectores del Derecho mercantil. Y pasando a la investigación de forma colectiva, pertenezco a un Grupo de Investigación Reconocido (GIR) en la Universidad junto a varios profesores. Sobre todo, hemos llevado a cabo proyectos conjuntos entre el área de mercantil y la de civil, y en estos momentos tenemos pendiente de ejecución un proyecto concedido por el Ministerio sobre Derecho agroalimentario y tutela de los consumidores.
“Normalmente, las grandes innovaciones están protegidas a nombre de las mismas grandes empresas que tienen sus patentes sembradas por todo el mundo”
En ese camino investigador de tantos años en torno a estos dos conceptos, propiedad intelectual y competencia, ¿qué conclusiones globales se pueden aportar?
En los estudios que he ido realizando, no solamente sobre la patente, pero sí como hilo conductor, me llama mucho la atención comprobar cómo ha evolucionado el derechode patentes. La patente es una forma de protección estatal de las invenciones técnicas más prometedoras, las que más beneficios pueden aportar. Si se observa en su dimensión actual y desde una perspectiva internacional, es claro que que la tecnología no conoce fronteras. Así, las grandes innovaciones están protegidas a nombre, normalmente, de las mismas grandes empresas que tienen sus patentes sembradas por todo el mundo. Esto es posible porque, a nivel global, hay un compromiso de todos los estados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de proteger en sus países las patentes de acuerdo con unos estándares mínimos. Lo que ocurre es que los derechos exclusivos de este tipo sobre productos muy sensibles, como los fármacos, por ejemplo, que están igual de protegidos en la India, que en Estados Unidos, en Alemania, España o en cualquier país del continente africano, lo que genera muchas desigualdades, porque allí donde hay patente, hay un empresario titular del derecho exclusivo a comercializar ese fármaco al precio que él establezca.
Y se comercializan a diferentes precios dependiendo del país, incluso provocando turismo sanitario.
Claro, y desde hace ya tiempo, esto nos obliga a reflexionar sobre la solidaridad exigible al sistema de patentes, a fomentar en ciertos casos las licencias obligatorias, es decir, necesariamente, quiera o no quiera el titular de la patente, a someter su invención a un régimen de explotación donde él no marca el precio sino que lo marca el propio estado. Es ir un poco más allá. Hay países como la India que ya fabrican con licencias obligatorias fármacos patentados que su población no podría adquirir de otra manera. Es decir, que el derecho de patentes, que siempre fue la prima dona de la protección y la innovación, hoy en día tiene que mirar alrededor y buscar un equilibrio. Es verdad que la innovación hay que protegerla, porque si no se protege, no se invierte, y esto último es algo fundamental para el progreso. Pero dicho esto, las desigualdades tremendas que lleva un derecho en exclusiva en un mundo global, con problemas globales, como las enfermedades, las crisis alimentarias o el deterioro del medio ambiente, no puede mantener esas exclusivas férreamente sin ceder un ápice, debe haber una explotación de la innovación un poco más solidaria.
Aquí mismo, en España, ha ocurrido con la hepatitis C, por ejemplo, o con el Orkambi para la fibrosis quística; no ha llegado en el primer caso durante años a los pacientes, y no llega en el segundo, a pesar de estar autorizados en Europa, por el precio.
No se puede comparar este problema en España con el problema global del que hablamos; es verdad que la base es la misma, pero en nuestro caso solo se trataba de preguntarse si el Estado podía asumir el coste de estos medicamentos en concreto, y dijo que no. Fue un caso puntual, en el que se debería haber hecho un esfuerzo para incorporarlo a la Seguridad Social y negociar precios con el titular de la patente, un precio ad hoc, o haber tirado por la calle del medio y recurrir a la licencia obligatoria para este medicamento. El problema puntual que aquí se planteó con el medicamento de la hepatitis C es generalizado en otros países, porque sus ciudadanos no tienen recursos para acceder a los medicamentos en general, y mucho menos a los más innovadores, que son los más caros y los que están protegidos por patentes. En este caso, ya hace falta una política de Estado, buscar un equilibrio, negociar sin perjuicio de reconocer que la investigación hay que recompensarla.
“Sería muy injusto culpar de nuestros problemas a Europa,
y esto no sucederá, o así lo espero”
¿Se necesitaría un acuerdo internacional operativo que tuviera en cuenta el desarrollo y las condiciones de cada país?
El acuerdo internacional existe, está consensuado entre todos los países de la OMC, los muy desarrollados y los otros en vías de desarrollo, una suerte de acuerdo Norte y Sur. En él se reconoce que todos van a proteger la innovación a través del otorgamiento de patentes, pero también se contempla un régimen de licencias obligatorias, que ha tenido incluso una modificación posterior, donde se incorpora la emergencia sanitaria, e incluso se ha posibilitado, dado que hay países que ni siquiera tienen infraestructura para la explotación, que un Estado pueda fabricar fármacos para exportarlos a otro. Hay instrumentos y están funcionando. La India los pone en práctica constantemente, y Brasil y otros países también lo han hecho, supone retirarle la exclusiva de comercialización del fármaco durante un tiempo al titular de la patente y hacer una explotación en términos sociales con precios asequibles que fije el Estado.
¿También se podría acortar el plazo a la utilización de la patente?
No, la patente dura 20 años desde que se solicita. En la Unión Europea se puede prorrogar hasta cinco más por la presión que en su día ejercieron las farmacéticas. Es verdad que se cruzan otros problemas, porque la duración de la patente se cuenta desde que se solicita, no desde que se concede, y un procedimiento de concesión de estos productos lleva años; se necesita además autorización de la Agencia del Medicamento, así que cuando llega el momento de poner la cápsula o la jeringuilla en el mercado, pueden quedar sólo 12 o 13 años de patente. En función del tiempo invertido en el procedimiento de concesión y de la demora en la autorización de la comercialización, la patente puede prorrogarse. Lo que no cabe es acortar la patente a conveniencia, porque la seguridad jurídica no puede perderse.
Retomemos la investigación colectiva de ese grupo reconocido de la Universidad de Salamanca con profesores tanto de Derecho mercantil como de Derecho civil y, en concreto, el proyecto que acabáis de obtener sobre el sector agroalimentario. ¿Cuáles serán vuestras aportaciones?
El Derecho agroalimentario tiene ahora muchas cuestiones planteadas, hay que incidir sobre la trazabilidad del producto, las satisfacción y el interés del consumidor a través de la garantía del producto, la protección de la innovación en el campo, y esto no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Afecta directamente a nuestro entorno, porque Castilla y León tiene una serie de compromisos adquiridos , por ejemplo, a través de su marca Tierra de Sabor, también por las repercusiones que esta industria tiene en la explotación turística. Yo creo que el trabajo nos va a llevar lejos. La aportación será establecer una serie de recursos jurídicos de manera ordenada para que contribuyan a una evolución sostenida y rentable del sector agrario, a mejorar las cadenas de valor, de distribución, de información al consumidor….
También en trabajos colectivos, dentro del GIR Eurípides, ha abordado la protección de los resultados de la investigación y la transferencia, ¿qué males acechan en este campo para necesitar asesoría? ¿La investigación también es muy competitiva? Porque finalmente publicar es el objetivo y no vale repetir lo que otros han dicho…
La Ley de Patentes regula la manera en la que los investigadores se enfrentan a los resultados de su investigación: los resultados en el ámbito universitario son de la universidad, y en el ámbito empresarial son de la empresa, simplemente porque son conseguidos por personal cuya obligación laboral o funcionarial es investigar y, en consecuencia, el resultado que consiguen es de la institución en la que están integrados. Pero, además, hay una ordenación que está bastante equilibrada, sobre todo en las universidades, entre los intereses del investigador y el interés en la protección del resultado, porque ese investigador tiene derecho a una remuneración económica si ese resultado inventivo logra ser una patente.
“El Derecho pocas veces se anticipa a un problema, siempre va detrás.
¿Eso es malo? No necesariamente, porque así hay una capacidad de análisis,
que se requiere más que nunca en un mundo global con problemas nuevos”
Lo que también está claro, y eso quizá necesitaría un análisis más cercano hacia los directamente interesados, es que el investigador universitario también tiene interés en publicar aquello que ha obtenido, hacerlo en revistas científicas, a poder ser indexadas, para dar a conocer a la comunidad científica sus avances. En este punto, también la Universidad de Salamanca aprobó en 2016 un reglamento para concretar los términos en los que se aplica la Ley de Patentes a la investigación universitaria. Un investigador no puede revelar lo que ha hecho hasta que no se solicite la patente, porque publicar en una revista científica un descubrimiento patentable destruye esa novedad y elimina cualquier posibilidad de protección. Es decir, son regulaciones muy interesantes que están directamente relacionados con la investigación, con su protección para asegurar su transferencia, porque está claro que nadie comprará una tecnología, nadie va a pagar un canon por utilizarla, si no tiene la protección de un derecho exclusivo. Pero para llegar a ese resultado, desde la investigación a la protección, hay un camino que muchas veces se hace a través de profesores investigadores universitarios, y también los tienes que cuidar.
¿El investigador, entonces, participa de esos beneficios, aunque la investigación sea de la universidad?
Digamos que comparten beneficios, es algo que está previsto específicamente para la universidad, porque en las empresas no siempre es así, el trabajador participa si su contribución es muy relevante en relación con lo que era su obligación contractual de investigar.
¿Tenemos algún profesor universitario rico por esta regulación?
Bueno, no sé si rico o pobre, pero hay patentes muy rentables.
¿Cómo está la Universidad de Salamanca situada en este campo?
La Universidad tiene concedidas algo más de 70 patentes, y entre 20 y 30 solicitadas; no está mal, teniendo en cuenta que somos una entre cuatro universidades en Castilla y León, con una financiación mucho más compartida que en el caso de autonomías uniprovinciales. Hay que buscar recursos fuera, claro, no puedes conformarte con una asignación presupuestaria, y es verdad que competitivamente hay universidades mucho mejor posicionadas que nosotros, pero existen otras líneas estratégicas que nos hacen atender otras muchas cosas que no son la investigación.
¿Es una gran marca de calidad tener muchas patentes?
En investigación sí, es un índice de ranking también, pero bueno, depende del ranking, unos miden unas cosas y otros otras generalizar también es peligroso.
Al fin y al cabo competencia, también clave dentro del Derecho mercantil. Ha investigado mucho sobre este campo dentro de Europa, una unión que sigue su camino, pero cada vez con más grietas y con gobernantes autárquicos, casi: fuera inmigración, fuera libre comercio, fuera todo lo europeo… Entiendo que desde el punto de vista del Derecho mercantil, España ni debería plantearse abandonar su vocación europeísta, o entender que Europa es un amenaza.
Imposible. El progreso de España, en el ámbito del Derecho mercantil, indiscutiblemente, ha sido la incorporación a la Unión Europea; ha sido un revulsivo para muchos sectores, además, con una gran evolución. Sería muy injusto culpar de nuestros problemas a la Unión Europea, eso no sucederá, espero que no suceda, aunque el efecto contaminante de países más o menos homogéneos, como Italia en este momento, o de locomotoras de la UE, como el caso alemán, preocupa bastante.
“Hay un derecho del autor sobre su propia obra,
y ante eso la Ley otorga una serie de acciones para defenderlo.
Pero hay que ir a un juzgado a interponerlas, ése es el coste”
La UE es una unión, y si los estados más emblemáticos empiezan a dudar de la conveniencia de su presencia, como también le ha pasado a Reino Unido, hay motivos para la preocupación. Es un nivel tal de interconexión económica, pero también social o jurídica, que esto es como un castillo de naipes, no podemos considerarnos a salvo de nada. Por no hablar del euro; si Italia aprueba unos presupuestos alocados, eso tiene repercusiones en España, hay que estar pendiente de lo que pasa alrededor, porque estamos influenciados por absolutamente todo.
¿En qué debe trabajar la marca España para seguir ganando posiciones en Europa y en el mundo?
Debe presentarse en aquellos mercados en los que resulta más rentable en términos puramente mercantiles, como el turístico o el gastronómico, pero vinculados siempre a la calidad, no a nivel elitista, pero sin descuidar algunas cosas, ser más selectivos y acompañar esa marca en los ámbitos en los que nos distinguimos por la calidad, más que por la cantidad.
Están cambiando también las reglas del comercio, con gobernantes de primer orden caminando hacia la autarquía en vez del libre comercio; ahí está el rifirrafe entre Trump y la UE, o las intenciones de Bolsonaro en Brasil. ¿Es un cambio de dirección importante a nivel mundial?
Sobre todo si tenemos en cuenta de dónde venimos, de un contexto en el que se trataba de liberalizar el comercio internacional, favoreciendo a su vez la competencia, no poner trabas ni tasas, y estas nuevas políticas está claro que van por otro lado, a protegerse de todo lo extranjero, de la inmigración, a poner en valor el producto nacional, potenciarlo, y para eso, poner barreras para todo lo que entra. Esto conlleva entorpecer las condiciones de la libre circulación de mercancías y de la prestación de servicios. No es nada bueno, porque además esas políticas siempre van asociadas a tratos selectivos; normalmente esas barreras a las importaciones se establecen según a quién, con un claro elemento discriminatorio, pero también interesado. Estamos retrocediendo claramente, en lugar de progresar.
Por otra parte, hay multinacionales, como hablábamos en el tema de los fármacos, que están más allá de la regulación de cualquier país, con una competencia desleal que llega incluso a controlar al individuo. Ahí está, por ejemplo, la multa millonaria de Bruselas a Google por el abuso de posición dominante.
Son temas muy nuevos, cuyo tratamiento será posterior. El Derecho pocas veces se anticipa a un problema, siempre va detrás. ¿Eso es malo? Creo que no necesariamente, porque ello ofrece margen al análisis de su posible solución. La complicación aquí es que las empresas de las que estamos hablando operan a nivel global y no tenemos normativa global básica que responda a los nuevos retos. Tenemos Derechos nacionales, supranacionales, como el de la Unión Europea, pero para regular el tráfico de datos, los big data, debemos saber a qué nos referimos, ¿a la frecuencia con la que uno visita ciertas páginas?, ¿a tu preferencia por determinado periódico?… Son informaciones que hasta ahora nadie se había plantado que tuvieran que ser protegidas, porque no habían sido utilizadas, y los fines para los que pueden ser utilizadas dependen de una tecnología que está recién desarrollada. Es un problema que todavía no hemos conseguido atajar, porque no tenemos exactamente clara su dimensión. Tal vez la única solución que puede ofrecerse por el momento es garantizar el conocimiento del sujeto afectado del posible uso de la información que proporciona, filtros donde tú puedas decir: no consiento, no consiento, no consiento…
“Creo que hace falta todavía mucha educación en relación
a la propiedad ajena; igualmente en relación con el respeto
a la imagen e intimidad ajenas. Los jóvenes incluso se sorprenden
si les dices que no puedes grabar a alguien con el móvil”
Es una complejidad importante…
Sí, otra forma sería controlar el uso que se hace de estos datos y que puedan influir en una campaña electoral o que puedan dar lugar a un tendencia que vale dinero, que refleja conductas que luego tienen un valor político, económico o sanitario, pero en todo caso se requiere mucha reflexión para acometer una regulación sosegada de los problemas que se plantean.
Muy complejo y, además, con muchas grietas en esta locura consumista del mundo global.
En primer lugar, creo que tenemos profundas grietas en nuestros principios y valores; la gestión de intereses a estos niveles necesita tener claros los principios por los que guiarte, y partiendo de ahí, pues… También es verdad que los Estados pierden poder frente a las multinacionales, frente a los intereses económicos, que trascienden al propio Estado, y entonces los mecanismos tradicionales de regulación ya no son suficientes.
Casi siempre. Y con el mundo virtual ya es incontrolable. ¿Cómo se pueden poner puertas al campo? Entiendo que en un ámbito como la Propiedad Intelectual es muy difícil poner orden…
Regulación tenemos, pero suele estar vinculada a un territorio, y el problema aquí es que necesitamos instrumentos de tipo internacional y ver cómo se vincula este carácter obligatorio, no es fácil. A nivel europeo, existe todo un cuerpo legislativo que se aplica en los Estados miembros. Nosotros tenemos la garantía de que hay unas normas que nos protegen, una regulación clara de comercio electrónico, de cómo se regula el contrato, cómo se presta el consentimiento, qué derechos tienes para desistir de lo que has comprado… El problema es la escala superior, cuando salimos de un ámbito controlado, como es la Unión Europea.
Se copian unos a otros productos, contenidos, ideas… y no pasa nada. Todo se vende y todo se compra en un clic. ¿Hay Derecho que pueda con esa inmediatez?
El propio avance en las tecnologías facilita la apropiación de contenidos que están protegidos, porque forman parte del derecho de autor, pero claro, todo está más al alcance. Hay vías jurídicas para impedir el plagio y la usurpación, el tema es que la tutela de esos derechos es individual, y eso tiene un coste, defender tus derechos tiene un coste. Que alguien le escriba un libro a otro, siempre y cuando ambos lo reconozcan, no supone problema; pero en otras situaciones, cuando empezamos a hablar de plagio o no plagio, ya se incluye un término jurídico, y a cualquier cosa la llamamos plagio, muchas veces por el eco en los medios de comunicación de determinados casos, y eso dificulta mucho el análisis. Por un lado pueden estar las conductas sociales, que la gente puede considerar más o menos reprobables, y por otro, el hecho jurídico. Hablamos de dos cosas distintas, y en el mundo que vivimos, el de la comunicación global, el mensaje que predomina es el primero, luego ya habría que matizarlos, pero los matices ya no suelen llegar a los medios de comunicación.
“La tecnología evoluciona más rápido que el Derecho, y surgen
nuevas formas de negocio y nuevas formas de vulneración;
siempre vamos a ir un paso por detrás, pero no hay que desistir
de intentar afrontar las nuevas exigencias”
Parece que nunca hay tiempo para matices…
Claro, porque ya viene otra información que acaba con la posibilidad de matizar la primera.
¿Qué mecanismo legales tiene un autor para que no se copie su obra on line?
Hay un derecho de autor sobre la propia obra, y ante eso la ley otorga una serie de acciones para defenderlo que están recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual, pero hay que ir a un juzgado a interponerlas, ése es el coste.
Puedes ir a un juzgado, pero tu obra, si resulta que es genial o no, ya ha iniciado un camino imparable. ¿Tiene el Derecho mecanismos para regular esta revolución global?
¿Se refiere a la revolución global en el sentido de la falta de respeto a la obra ajena? Claro que el Derecho tiene mecanismos para pararlo, pero sobre todo hay que utilizar las formas de divulgación para dar noticia de que esos actos no pueden quedar impunes. Es la manera de incorporar educación a la sociedad. Lo ves en los jóvenes cuando utilizan los móviles y las tabletas: “Oye, que tú no puedes grabar a una persona sin que ella lo sepa”. Y todavía algunos se sorprenden, no son conscientes. Creo que hace falta todavía mucha educación en relación a la propiedad ajena, que no sólo se llama casa o coche, sino que se llama propiedad intelectual.
Todo se graba y todo se difunde sin filtros.
Claro, porque hay medios que facilitan estas acciones que el Derecho reprueba, pero lo que falta es una educación en la sociedad para que se sepa que este tipo de cosas no se pueden hacer.
“Los bancos son empresas y siempre van a buscar su beneficio. Existen mecanismos para su control, aunque debe favorecerse una mayor competencia entre ellos para limitar sus ansias de ganar”
La tecnología evoluciona más rápido que el Derecho, y surgen nuevas formas de negocio, nuevas formas de vulneración y nuevas cuestiones que tienen que ser reguladas; anticiparse a esas necesidades siempre es difícil, siempre vamos a ir un poquito por detrás. En todo caso, no hay que desistir de intentarlo.
Otro gigante que parece que amenaza la competencia y los derechos del consumidor es la banca, que, según algunas sentencias (tras la realización de la entrevista, el Supremo ha fallado nuevamente para otorgar el pago de los impuestos a los ciudadanos que suscriben una hipoteca), ha estado abusando del consumidor. ¿La banca ha sido leal con el Derecho mercantil?
Sí, y para eso también está el Derecho de defensa de la competencia, que prohíbe los acuerdos restrictivos; ahí está el Derecho mercantil vigilando.
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