Hace escasos días, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informaba sobre el problema de suministro de Fludarabina 25 mgr., un medicamento utilizado en el tratamiento de leucemias. La farmacéutica habría dejado de fabricar el producto por no resultarle ya rentable, dejando a los pacientes sin la posibilidad de este tratamiento, debiendo buscar otras alternativas. Un hecho que demuestra el objetivo único de la industria: obtener el mayor beneficio económico posible, sin importarle nada más.
No se puede permanecer impasible ante estos hechos y ante estos abusos. Y la pregunta que debemos responder es: ¿Qué se puede hacer?
Mi primera propuesta es la creación de una industria farmacéutica estatal que produzca los medicamentos que investigadores de las universidades públicas descubran y, en colaboración directa con los hospitales públicos, realicen los ensayos clínicos necesarios en estos.
Las autoridades competentes deben exigir a la industria farmacéutica transparencia en sus investigaciones, en el coste de estas y en el desarrollo del producto, para establecer unos precios reales con unos beneficios razonables, pero no abusivos.
Es importante la inversión pública de I+D+I en el ámbito farmacéutico, con inversiones públicas a equipos de investigadores que, con medios públicos, desarrollen proyectos que puedan hacer más asequibles los medicamentos, incluyendo investigaciones sobre enfermedades que no sean rentables económicamente.
Se deben desarrollar mecanismos que controlen el abuso sobre las patentes, que encarecen los precios y hacen difícil el acceso a determinados medicamentos, implantando nuevos modelos alternativos de innovación que superen al modelo de patente.
Y por último, hasta la creación de una industria propia del Estado, reservar parcialmente la propiedad pública de las patentes vendidas y evitar las licencias exclusivas en la transferencia de tecnologías de las instituciones públicas al sector privado, como recomiendan Irene Bernal y Eva Iráizoz en su campaña No es sano.
El gasto farmacéutico en nuestro sistema público de salud es elevado, y algunos de estos productos, como ya sabemos por experiencia, pueden arruinar o colapsar económicamente el sistema, como pasó con el tratamiento a los pacientes contagiados por el virus de la Hepatitis C, que puso en jaque a algunas de las consejerías de Sanidad de nuestro país por su alto coste.
Hay que ser determinantes ante esto, no tener miedo a la industria ni a los lobbies de presión y fortalecer el sistema público; así, con ese dinero ahorrado, poder hacer otras muchas cosas.
Viene época de elecciones, de propuestas, de explicar a los ciudadanos qué modelo de Sanidad quiere cada uno de los partidos que acuden a los diferentes procesos electorales; es el momento de decir alto y claro qué se quiere hacer frente a este importante reto de la prestación farmacéutica. Quien lo contemple, tiene mi voto.
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