Hace unos días, desde el Consejo General de Enfermería (CGE) se denunciaba el “abandono”de los más de 500 enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios del país por un déficit de profesionales que tiene como consecuencia “sobrecarga de trabajo, realización de funciones que los dejan al margen de la ley, turnos que impiden la conciliación y condiciones laborales precarias”.
Este lunes, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) se ha sumado a las críticas por la realidad que viven los profesionales sanitarios que desarrollan su labor en las cárceles españolas, y en una carta dirigida a la ministra de Sanidad, a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y ministro del Interior, responsable máximo de la Sanidad Penitenciaria, ha advertido de que ésta se encuentra “agonizando”. Un “déficit total de profesionales que es incompatible con ofrecer una minima calidad de la asistencia sanitaria” y la falta de “relevo generacional” harán que, según la organización, “el futuro inmediato sea aún peor que el presente” si esta situación “no cambia en el corto plazo”.
Como destacan los representantes de la SESP en su escrito, esta “agonía” de la Sanidad penitenciaria “está llevando a una parte de la población de este país, la privada de libertad, a sufrir el menoscabo, si no la pérdida ya, de un derecho fundamental: el acceso a la salud”. Y junto a esto, añaden, “se está menoscabando también la salud laboral –y en ocasiones, la física y mental– de los profesionales, cada vez mas escasos y de mayor edad, que trabajamos en las prisiones españolas”.
La sociedad científica recuerda que todos los sectores profesionales implicados han avisado reiteradamente durante años “sobre lo que podría ocurrir si no se cumplía la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se marcaba un plazo de 18 meses para transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las CCAA para su plena integración en los sistemas autonómicos de salud”. Tres lustros después, la norma “sigue sin cumplirse”, ya que la integración sólo se ha llevado a cabo en Cataluña y el País Vasco, mientras que en el resto del país las competencias en relación a la Sanidad Penitenciaria siguen en manos del Ministerio del Interior.
Unas competencias que no llegan a las CCAA
“Lo increíble de esta situación es que tanto el problema como la solución son conocidos por todos los responsables políticos de todos los partidos con representación parlamentaria, tanto de la Administracién central como de las autonómicas. Además, se han aprobado por unanimidad varias Proposiciones No de Ley en el sentido de instar al Gobierno al cumplimiento de la ley y transferir la Sanidad Penitenciaria a los correspondientes sistemas autonómicos de salud. Sin embargo, incomprensiblemente, esta transferencia no llega ni, desgraciadamente, se la espera”, lamentan los representantes de la SESP.
La falta de “voluntad política”, continúan, es la razón que esgrimen unas administraciones y otras, y en medio de este cruce de responsabilidades, “nos encontramos unos profesionales abandonados a nuestra suerte y una poblacién reclusa con una asistencia sanitaria cada vez mas deficitaria”. Esta realidad supone “un grave riesgo tanto para la salud de esta población específica como para la salud de la comunidad en general”.
En este contexto, desde la organización se reclama el cumplimiento de la ley d 2003, porque aunque “sabemos que la integración no solucionará todos los problemas de la Sanidad Penitenciaria –la Sanidad en general tiene muchos y complejos problemas–, será prácticamente imposible alcanzar alguna solución fuera del Sistema Nacional de Salud”.
Para la SESP, “es absolutamente necesario que se pongan de acuerdo, marquen unos plazos adecuados para las cuestiones técnicas y tomen ya la decisión politica de transferir toda la Sanidad Penitenciara a los sistemas de salud de las CCAA”, porque “no existe otra alternativa”.
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