Miles de personas se han manifestado hoy por las calles del centro de Salamanca para expresar su rotundo rechazo al proyecto de la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley desarrolla ya en Retortillo, por entender que supondrá un problema de “salud pública” que hipotecará el futuro de esta comarca.
Convocados por la Coordinadora No a la Mina de Uranio, miles de personas, hasta 5.000 según algunas fuentes policiales, llegados de toda Salamanca, Castilla y Léon, Extremadura y Portugal iniciaron la protesta en la plaza de la Constitución para seguir por Gran Vía, avenida Mirat, calle Zamora y concluir en la Plaza Mayor donde el popular ganadero José Pinto leyó el manifiesto.
Popular por sus apariciones en concursos televisivos como Saber y Ganar, su implicación en esta causa pone rostro al sentimiento que comparten una gran parte de los ciudadanos del suroeste de la provincia. Porque “el pueblo unido jamás será vencido” o porque “más uranio, significa más cáncer”, los manifestantes resumían su estado de ánimo en la frase elegida como lema: “No a la mina, Sí a la vida”.
No estaban sólos, tenían el apoyo de colectivos y plataformas antinucleares y de la mayoría de los partidos políticos, PSOE, Podemos, IU-Equo, Ciudadanos, que comparten la idea de que este proyecto supondrá un obstáculo insalvable para una zona ya de por sí despoblada, que debe buscar su futuro en el desarrollo sostenible defendiendo sus importantes recursos naturales.
Pero también velando por la salud pública de los habitantes y de la cabaña ganadera, fundamental para la economía de toda la comarca. Así, en el comunicado se advierte que la extracción de uranio ocasionará un grave problema de salud pública, porque el gas radón y las partículas en suspensión que se van a liberar a la atmósfera, como consecuencia de las explosiones previstas, recorrerán cientos de kilómetros suspendidas en el aire, afectando, de forma directa, la salud de la población expuesta.
“El aire contaminado que respiraremos ocasionará el desarrollo de enfermedades cancerígenas, gástricas y respiratorias y provocará mutaciones genéticas, cuyos efectos serán más drásticos en los niños”, se asegura.
Estos altos niveles de toxicidad también representan un riesgo real para la salud de los animales y puede ser un peligro para la seguridad alimentaria.
Pero, además, la población salmantina y la de las zonas limítrofes a Portugal estarán expuestas a la eventualidad de que ocurra una situación de catástrofe radiológica en la zona.
No hay que olvidar que Berkeley Minera quiere explotar la única mina de uranio a cielo abierto de Europa Occidental, con una planta de procesamiento de uranio y un almacén de residuos radiactivos, y lo pretende llevar a cabo en medio de un espacio protegido por la Red medioambiental europea Natura 2000.
A juicio de la Coordinadora, este proyecto no “traerá progreso, trabajo, ni dinero a Salamanca, sino sólo beneficio económico para sus accionistas extranjeros”, y con el tiempo “eliminará cualquier tipo de desarrollo económico a corto, medio y largo plazo para ganaderos, agricultores y emprendedores de nuestra tierra”.
Todo, porque según diversos estudios que la Coordinadora ha ido exponiendo durante los últimos meses en charlas dirigidas a la población, “la zona explotada sufrirá efectos medioambientales catastróficos que no se podrán restaurar. Berkeley Minera agotará los yacimientos, generando residuos de carácter radioactivo, provocará una contaminación que afectará negativamente a los acuíferos subterráneos y a la calidad del agua de los ríos Yeltes, Huebra y Duero, que abastecen a agricultores y ganaderos españoles y portugueses, y a una población que excede los dos millones y medio de personas”.
De hecho, “el proceso de destrucción de suelo cultivable y la tala indiscriminada de cientos de encinas centenarias es ya una realidad en Retortillo”. Pero también, la Coordinadora denuncia que las licencias concedidas a Berkeley Minera S.L. por la Junta de Castilla y León están provocando la expulsión de sus tierras de agricultores y ganaderos de la zona, “a los que les obligan, amparándose en una Ley de Minas obsoleta, a venderlas a precio de saldo, bajo amenaza legal de expropiación forzosa”, por lo que piden a las formaciones políticas que garanticen “nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, que nos permita un desarrollo sostenible y que nos asegure una buena calidad de vida, evitando la implementación de proyectos que podrían afectar profunda y permanentemente nuestra región”.
Mientras los manifestantes clamaban en las calles por su futuro, Berkeley Minera España emitía un comunicado, difundido por Europa Press, para defender un proyecto que creará 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos dentro de una provincia que “ha convivido durante más de 40 años con actividades mineras similares y no se ha producido ninguna de las previsiones que auguran los promotores de la manifestación, ni destrozo ambiental, ni se ha acabado con la ganadería, agricultura y el turismo de la zona, sino todo lo contrario, generó riqueza bienestar y promoción empresarial”.
No habla la empresa en ningún momento de futuro, pero sí de que ya han generado “el mayor centro de trabajo de la comarca” y que las protestas contra la mina de uranio “están basadas en la desinformación para detener la mayor inversión que se ha hecho en Salamanca desde hace décadas”.
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