La mala planificación organizativa en su conjunto y, en especial, la de los recursos humanos propiciados por las Gerencias de Atención Primaría, Atención Especializada y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se hace patente. La escasez de personal sanitario, de infraestructuras y recursos económicos que padece nuestros pueblos está poniendo en peligro la salud y la vida de una población rural cada vez más vulnerable.
No se cubren las plazas vacantes de los profesionales sanitarios, ni las ausencias por enfermedad, ni los permisos o vacaciones; la mayoría de estas incidencias son asumidas por los médicos de los pueblos de al lado, a pesar del aumento de población en estas localidades durante el verano.
Los pocos médicos y enfermeras rurales existentes pierden la mitad del tiempo en los desplazamientos, propiciando desestabilización en horarios y consultas de todos los pueblos que tienen asignados. Algunas poblaciones de nuestra provincia se han quedado más de 20 días sin médico; en otras solo han tenido un día a la semana consulta, o ninguno, incluso en muchos pueblos acude un médico o enfermera diferente cada día de consulta, haciendo muy difícil seguir la cadena asistencial de cada paciente.
También se han visto afectados con los médicos especialistas. Las consultas de los cinco equipos de Salud Mental asignados a los centros de salud para atender a la población urbana y rural se han visto suspendidas por vacaciones; por lo tanto, si algún paciente se encuentra mal o tiene problemas con la medicación tiene que ir a Urgencias del hospital, contribuyendo aún más al colapso de las Urgencias y de la actividad hospitalaria.
Pero no son éstos los únicos problemas sanitarios en el medio rural, también falla la infraestructura. En la mayoría de consultorios locales existentes en el ámbito rural, donde se desplazan médicos y enfermeras para pasar consulta, carecen de los recursos materiales y tecnológicos apropiados. Son los Ayuntamientos, que ya asumen los gastos de agua, luz, calefacción y mantenimiento, los que también tienen que asumir, en muchos pueblos, el coste de electrocardiógrafos, desfibriladores o bombonas de oxígeno, cuando es responsabilidad de la Junta de Castilla y León el coste y dotación de equipamiento adecuado.
Estos gastos de primera necesidad están ahogando el presupuesto de estos pequeños municipios, es por ello que se necesita, de manera urgente, una reforma estructural del sistema de Atención Primaria en los 3.652 consultorios de nuestra Comunidad. En la mayoría de comunidades autónomas se está informatizando el medio rural por fases, a excepción de Castilla y León. El consejero de Sanidad sigue prometiendo, en cada proceso electoral, la implantación de las famosas consultas de telemedicina.
Pero si bien es cierto que todos estos problemas sanitarios en el medio rural son importantes y reclaman solución, lo es aún más la atención de urgencias y emergencias que sigue siendo una asignatura pendiente que urge resolver. El Modelo Territorial de Atención a Urgencias y Emergencias en el Medio Rural sigue siendo una auténtica chapuza, especialmente en nuestra provincia. Salamanca es una de las provincias españolas que más pueblos tiene; cuenta con 362 municipios, 11 comarcas, 27 unidades básicas de ordenación y servicios de territorio, 32 mancomunidades y 5 partidos judiciales. Pues bien, en algunas zonas no se puede garantizar una atención inmediata que requeriría una urgencia o emergencia, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que una UVI móvil debe cubrir un circuito en el que el tiempo máximo en llegar al punto más lejano sea de 20 minutos.
Vemos cómo la zona de Ledesma carece de ambulancia de Soporte Vital Básico, o como a la zona de Vitigudino no termina de llegar la prometida UVI móvil; incluso zonas como La Fuente de San Esteban y Alba de Tormes sólo cuentan con ambulancia de Soporte Vital Básico 14 horas. El Partido Socialista de Salamanca, a través de sus procuradores, ha llevado a las Cortes estas reivindicaciones con PNLS (Proposiciones No de Ley), pero el Partido Popular incluso se niega siquiera a entrar en el debate.
Esta situación nos tiene que hacer reflexionar a todos: a los ciudadanos, para exigir nuestros derechos, y a los políticos, para actuar con responsabilidad a la hora de gestionar y repartir equitativamente los recursos públicos entre todos los ciudadanos, sin discriminar al medio rural del medio urbano.
La asistencia sanitaria es un asunto de justicia distributiva; por lo tanto, no se pueden seguir aplicando los parámetros de habitantes que se emplean en la atención urbana para la Atención Primaria rural, porque la orografía, las vías de comunicación y dispersión geográfica hacen que se aborde de forma diferente. La Junta debe dejar de elaborar más documentos de buenos principios sobre los problemas de la Sanidad en el medio rural, si luego cuando llega al diagnóstico, que todos conocemos, no los dota de presupuestos para poder ejecutarlos.
Es evidente que los programas de la Junta de Castilla y León sobre desarrollo rural son una gran mentira. Sería necesaria una reforma estructural en Atención Primaria que se adapte a las necesidades demográficas y territoriales, acompañada, como no puede ser de otra manera, de los recursos económicos precisos, además de requerir un compromiso político serio, y no de resignación y abandono a los que nos tiene acostumbrados la Junta de Castilla y León en el medio rural.
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