Es evidente que existe más distancia entre las esperas registradas y las demoras que sufrimos.
Es una constante de la Junta de Castilla y León el silencio informativo sobre las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas, información a la que está obligada por ley y que sólo hemos podido conocer gracias a las insistentes preguntas de los procuradores socialistas; aunque también conocemos sus reiterados incumplimientos en los tiempos de espera recogidos en la normativa estatal y autonómica.
El aumento de las demoras en Castilla y León, respecto al año pasado, se produce prácticamente en casi todos los apartados de las estadísticas, destacando Salamanca como la provincia que más listas de espera tiene en toda la Comunidad, provocando graves efectos en las personas que las padecen. Las listas de espera no son sólo números o estadísticas, son personas con una vida propia que se ve alterada por problemas de salud, que en muchos casos no se pueden resolver por la incapacidad de nuestros gestores sanitarios para establecer unos tiempos mínimos de espera prudentes.
A pesar de las promesas de transparencia del consejero, se siguen aplicando de forma sistemática y metódica prácticas que enmascaran las listas de espera. Hay personas que no constan en ningún registro esperando durante semanas y meses la notificación para acudir a una consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica y ser incluido en las listas. También conocemos los llamados circuitos sanitarios, que empiezan desde el momento en que el médico de cabecera envía al paciente a un especialista hasta que se resuelve su problema de salud, en muchos casos con pruebas diagnosticas o intervención quirúrgica, lo que puede suponer una espera final de hasta dos años.
Otras personas se ven forzadas a abandonar las listas de espera voluntariamente y optan por la Sanidad privada ante el riesgo de perder su puesto de trabajo o no poder soportar los dolores que padecen, a pesar del gran desembolso económico que eso supone. Como vemos, hay diferentes formas de registrar los datos, de medir, gestionar los tiempos de espera y, sobre todo, de engañar al ciudadano.
En este somero análisis no podemos olvidar la perversidad de los conciertos con clínicas privadas, que siguen creciendo y obligando tácitamente a los pacientes a aceptar operarse en la Sanidad privada; en caso de que se nieguen, les informan de que tardarán más de un año en ser operados en la Sanidad pública, a pesar de que los pacientes, en la Sanidad privada, no van a contar con los mismos niveles de seguridad y calidad que en la pública.
También se les olvida informar de que cuando un paciente opta por la privada, el seguimiento de su proceso quirúrgico no será controlado por el médico que le ha intervenido, ni tampoco si hubiera complicaciones. Si el paciente no acepta ser intervenido en la privada se le saca de la lista estructural. En el año 2017, la Consejería de Sanidad se ha gastado en Salamanca más de un millón y medio de euros en conciertos con clínicas privadas, obligando, en muchos casos, a los pacientes a desplazarse en autobuses a otras provincias para regresar de igual manera después de un proceso quirúrgico en condiciones deprimentes y pagando el transporte de su bolsillo. Sorprende que se utilicen estas medidas cuando tenemos infrautilizadas nuestras infraestructuras sanitarias públicas, que son mejores que en la privada.
Los largos tiempos de espera están agravando algunas patologías y negando a los ciudadanos la oportunidad de sanar o mejorar en sus procesos de salud. Situaciones que afectan a la vida personal y familiar de las personas y limitan su autonomía. Las bajas laborales cada vez son más largas por culpa de la burocracia y el mal funcionamiento del sistema, que está llevando a muchos trabajadores a perder su trabajo.
Es lamentable que la Consejería de Sanidad tenga que recurrir a la mentira y la manipulación para justificar sus intereses ocultos, que no son otros que terminar con la Sanidad pública. El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha supuesto un retroceso en la Sanidad pública de Castilla y León muy importante, especialmente en Salamanca, donde se han sustituido infraestructuras rurales y urbanas, camas y trabajadores por largas listas de espera y menos calidad asistencial. La realidad es tan evidente que las mentiras del consejero de Sanidad, aunque las repita muchas veces, no se van a convertir en verdad.
Está claro que los problemas persisten; de nosotros depende decir “basta ya” a los atropellos de la Junta, de su consejero y de sus gestores sanitarios, el 20 de enero debemos estar todos en Valladolid para gritar que La Sanidad pública no se vende, se defiende, que con nuestra salud no se juega y, sobre todo, exigir nuestros derechos.
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