Opinión Por María García Gómez* Sábado, 07 Noviembre 2015 01:43
= EL BAÚL SANITARIO =

El hospital de Burgos, investigado

*Trabajadora de la Sanidad pública

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Las Cortes de Castilla y León han acordado la composición de una comisión de investigación sobre la concesión, construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos. Esta comisión fue solicitada por el Partido Socialista y la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, y denegada, en la pasada legislatura, por el Partido Popular, que aplicaba el rodillo con su mayoría absoluta. 

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Solo al perderla, en esta nueva legislatura, ha sido posible constituir comisiones de investigación. Este hospital, que está bajo sospecha, viene siendo criticado por usuarios, trabajadores y partidos políticos, no solo por su mal funcionamiento, sino por las presuntas irregularidades que han rodeado todo el proceso de construcción y gestión privada, quebrando el principio más elemental de transparencia.

Estos experimentos de privatización han sido un fracaso en varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Valencia, Madrid o Galicia, donde han sufrido este modelo de privatización de algunos de sus hospitales, demostrando una gestión más ineficaz que ha encarecido más los servicios sanitarios.

¿Pero cómo ha comenzado este proceso? El procedimiento consiste en ceder a empresas privadas la construcción y mantenimiento del hospital, a las que se pagará un canon de amortización durante 30 años. El hospital, que debería haberse inaugurado en 2009 con un coste de 242 millones de euros, finalizó en 2012 con un coste de 528 millones de euros.

La Junta estableció, junto a la empresa privada, un canon anual de gestión de 38 millones anuales, pero en el año 2013 pagó un canon de 71 millones. Cada año que pasa se siguen sumando sobrecostes, pero ¿a qué se deben estos incrementos?

Aunque me parece importante la creación de comisiones de investigación en las Cortes, la verdad es que no confío mucho en ellas, sobre todo viendo el resultado de todas las que se han constituid en todos los ámbitos y que, desgraciadamente, no han sido de gran utilidad. La eficacia de las comisiones de investigación es muy cuestionada, y están condenadas al fracaso mientras la representación mayoritaria la siga ejerciendo el partido que gobierna, que normalmente es el investigado, convirtiéndose en juez y parte. Se vician los procesos, obstruyen comparecencias y ocultan información para que, al final, los investigados sigan ejerciendo la política y el poder sin ninguna responsabilidad política.

Si queremos transparencia y acabar con la opacidad, todas las comisiones deberían tener carácter abierto y público, pues los ciudadanos tienen derecho a saber, con todo detalle, en qué invierten los recursos públicos nuestros políticos.
A pesar de todo, creo necesario que se investigue todo el proceso de adjudicación y que se depuren responsabilidades políticas, pero también que se analice el modelo de gestión sanitaria que necesita nuestra Comunidad y se busque la posibilidad de devolver al sistema público el hospital de Burgos.

 

 

 

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