Acaba de hacerse público un informe de la AIREF sobre los medicamentos dispensados a través de receta médica en el que se realizan una serie de propuestas de cambios en los copagos de medicamentos, que entendemos deben ser totalmente rechazadas por los siguientes motivos:
1. Desde hace tiempo, existen numerosas evaluaciones del impacto de los copagos sobre la utilización de recursos asistenciales necesarios; la última, en 2018, realizada por la Oficina Regional Europea de la OMS, y todas concluyen que estos son lesivos para las personas mayores de 65 años, las que tienen rentas mas bajas (están el decil mas bajo) y tienen enfermedades crónicas.
2. Como es bien conocido, la imposición de copagos a los pensionistas ha supuesto la exclusión de un numeroso grupo de personas de su acceso a la prestación farmacéutica por problemas económicos (1,4 millones de personas, según el último Barómetro Sanitario).
3. Tener solo en cuenta la renta a la hora de establecer copagos es utilizar criterios economicistas que pretenden desconocer las necesidades de salud de las personas (a los 30 años, más del 95% de las personas no necesitan consumir habitualmente medicamentos; por encima de los 65 sucede exactamente lo contrario: solo un 5% no precisa medicamentos de manera habitual).
4. La propuesta que hace la AIREF supone un aumento de los copagos para la mayoría de las rentas bajas (inferiores a 30.000 euros anuales) y contraviene la propuesta realizada por el Gobierno actual en su proyecto de presupuestos, que eximia de copagos a las rentas inferiores a los 18.000 euros. Por otro lado, la propuesta de un tope anual, y no mensual, supone que este será probablemente superado en el primer o segundo mes del año, produciendo serios problemas de disponibilidad económica a las rentas más bajas y a las personas más enfermas.
Por todo ello, rechazamos totalmente estas propuestas sobre copagos y solicitamos a este Gobierno y al próximo que garanticen el acceso de todas las personas a todos los medicamentos que precisan, sin poner barreras económicas que solo fomentan la desigualdad y la exclusión sanitaria y que, como es bien conocido, acaban produciendo costes mayores al sistema sanitario.
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