La Sanidad española ha destruido 50.000 empleos desde el final de verano, concretamente en los meses de septiembre y octubre, según datos de la Seguridad Social. A esta cifra se une "una tasa de temporalidad del 23% que marca récords, muy cerca de la que se registra en el sector privado", según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

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La inversión realizada en Sanidad pública ha retrocedido desde el 6,5% en 2009 hasta el 5,9% del PIB en 2017, y el compromiso que existe actualmente es el de llegar al 5,3%. Estos recortes han afectado especialmente a Atención Primaria, donde entre 2009 y 2014 –el año de menor inversión en este nivel asistencial– el descenso fue del 16,17%, pasando de 10.775 a 9.033 millones de euros (1.742 millones menos). En este periodo, el frenazo en la inversión sanitaria pública total fue del 12,24%.

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La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha mantenido este miércoles una reunión con el Consejo Castellano y Leonés de Salud, donde ha vuelto a defender un modelo de Sanidad "pública, gratuita, accesible y universal". Antes, ha hecho un repaso por la situación actual del sistema sanitario, reconociendo que posee muchos indicadores positivos, aunque "habría que implementar mejoras de los recursos y en la organización de los mismos".

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Sábado, 10 Agosto 2019 08:23

Desagravio al Ministerio de Sanidad

Nadie habla de él. O poco. En el trueque político, es un 'cromo' menor a intercambiar. Apenas unos segundos le dedican en el estrado. No parece interesar mucho porque el dinero lo gestionan las comunidades autónomas. Por su poco peso, suele ir acompañado de otros nombres, como Consumo, Igualdad o Política Social. No es una adivinanza, hablo del Ministerio de Sanidad, hoy tan agraviado e infravalorado por quienes nos representan.
 
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La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, han asistido este viernes a la reunión conjunta de responsables de Economía y Salud del G20 que se celebra en la ciudad nipona de Osaka. El objetivo del encuentro es promover la coordinación entre organizaciones nacionales e internacionales en el fortalecimiento de los sistemas de salud.

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ante las noticias de que el Ayuntamiento del tripartito (PP-Cs-Vox) pretende eliminar las restricciones al tráfico de Madrid, tiene que señalar lo siguiente:

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El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, asegura que las privatizaciones suponen un aumento de los costes sanitarios (hasta de 8,56 veces en el caso de Madrid) que se evidencian en todos los casos en cuantías variables, así como menos camas, menos personal, derivaciones de enfermos hacia los centros privatizados (135.000 en 2017 en Madrid), la ausencia de control, la selección de riesgos y al final el deterioro de la calidad asistencial.

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Parece obvio que la vigilancia de la salud visual de los niños debería ser un objetivo prioritario en cualquier programa de salud pública, tanto en el nivel primario de la atención sanitaria, como en el ámbito escolar o bien en el comunitario, mediante distintas acciones de promoción de la salud visual en las familias, pero la realidad en nuestro país es muy distinta.

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El informe sobre la Evolución de la sanidad española en el contexto internacional con especial referencia al impacto de la crisis, publicado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, recomienda aumentar el gasto sanitario, más enfermeras y camas hospitalarias y una mejor distribución de los médicos.

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Ante la polémica suscitada por la donación de 310 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega para la adquisición de equipamiento tecnológico en el sistema público de salud, tanto el Consejo General de Enfermería (CGE) como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se han mostrado a favor de este tipo de contribuciones privadas, siempre que se realicen "con transparencia", que sean "para mejorar la asistencia sanitaria y la calidad de vida de los ciudadanos" y no supongan "una reducción de los recursos públicos".

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