La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista ha superado este martes su primera votación en el Congreso de los Diputados, cuyo Pleno ha aprobado, con 203 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, la tramitación de esta iniciativa legislativa que volvía a la Cámara Baja por tercera vez en casi dos años.
La propuesta del PSOE logra así el respaldo de la mayoría de las fuerzas del arco parlamentario, a excepción del Partido Popular, UPN, Foro Asturias y Vox, mientras que los diputados Tomás Guitarte y Joan Capdevilla, de Teruel Existe y ERC, respectivamente, se han abstenido.
Según se explica desde el Gobierno, la Proposición de Ley se presenta “para dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”, y con la iniciativa se busca “legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.
Con ese fin, continúa, “la ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole”.
El respaldo obtenido este martes en el Congreso, que supone aceptar que se tramite la norma, es el primer paso del procedimiento legislativo que se exige para las proposiciones de ley. A partir de ahora, tal y como se recoge en el reglamento de la Cámara, se abrirá un periodo de enmiendas; si los grupos parlamentarios presentan enmiendas a la totalidad, estas se debatirán en el Pleno, y solo si la ley supera este trámite se pasará al estudio por parte de la Ponencia y, posteriormente, a la Comisión de Sanidad, donde se debatirán las propuestas de modificación presentadas.
Al tratarse de una ley orgánica, el Pleno del Congreso celebrará entonces un nuevo debate, y se deberá votar el conjunto de ley resultante tras los cambios que haya podido sufrir el texto durante el proceso legislativo, para el se requerirá el apoyo de la mayoría absoluta. Si lo obtiene, la ley pasará al Senado, donde se seguirá un proceso similar. Finalmente, el Congreso tendrá que validar o no las modificaciones que se hayan hecho en dicha Cámara.
María Luisa Carcedo, portavoz socialista y exministra de Sanidad, ha sido la encargada de defender la proposición durante una intervención en la que ha señalado que el dolor humano “no tiene ideología” y ha respaldado el “derecho” de los ciudadanos a decidir interrumpir su propia vida “en caso de enfermedad incurable, no de muerte inmediata, que resulte insoportable para la condición humana”.
El texto de la Proposción de Ley Orgánica impulsada por el PSOE contempla que para poder recibir la prestación de ayuda para morir dentro del sistema sanitario público será necesario que la persona tenga mayoría de edad y sea “capaz y consciente en el momento de la solicitud”, que podrá realizarse ante “una enfermedad grave e incurable” o una “enfermedad grave, crónica e invalidante”, según los términos establecidos en la ley.
A este respecto, en la norma se establece como enfermedad grave, crónica e invalidante “la situación que resulta de una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vaya a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable”.
Del mismo modo, se considerará enfermedad grave e incurable “toda alteración del estado de la salud provocada por un accidente o enfermedad, originados independientemente de la voluntad del o la paciente, que lleva asociada sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable y en la que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.
Una prestación con financiación pública
En el contenido de la propuesta también se recoge que la prestación de ayuda para morir “estará incluida en la cartera de servicios comunes del SNS y será de financiación pública”, proporcionándose “los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir”. Esta prestación se puede producir en “dos modalidades”: “la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” –caso en el que se asistirá a la persona hasta el momento de su fallecimiento– o la prescripción o suministro al paciente “de una sustancia, de manera que se la pueda autoadministrar, ya sea en el propio centro sanitario o en su domicilio, para causar su propia muerte”, supuesto en el que se mantendrá “la debida tarea de observación y apoyo hasta el momento del fallecimiento”.
Objeción de conciencia
La propuesta que hoy ha recibido el visto bueno del Pleno del Congreso para su tramitación establece también el derecho de los profesionales “directamente implicados en la prestación de ayuda para morir” a ejercer su derecho a la objeción de conciencia sanitaria. Según el texto de la iniciativa, “el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”.
Además, las administraciones sanitarias “crearán un registro de profesionales objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma, y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”.
Tras el Pleno del Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha expresado su confianza en que la tramitación de la ley se realice “con la mayor brevedad posible”, aunque “con todas las garantías”, y ha estimado que su aprobación podría ser una realidad “en junio”.
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