El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, impulsada por el Grupo Socialista y sólo ha recibido los votos en contra del PP tras la decisión de Ciudadanos de dar el sí pese a sus reticencias iniciales al ser partidarios de su Ley de Muerte Digna.
Una vez superada esta primera votación, la iniciativa legislativa continúa su trámite en Comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado para elaborar el dictamen, que deberá ser elevado al Pleno. Al tratarse de una ley orgánica necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de pasar al Senado.
La proposición de ley tiene como objetivo regular “el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir cuando concurran las circunstancias previstas en la misma, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”.
En concreto, establecen una serie de condiciones como tener una enfermedad grave o discapacidad grave crónica, tener la nacionalidad española o residencia legal en España, ser mayor de edad y consciente en el momento de la solicitud, disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades; y haber formulado la solicitud de manera voluntaria, por escrito, que deberá repetirse al menos en una ocasión con una separación de quince días naturales, y no ser resultado de una presión externa, entre otras.
Por otra parte, la iniciativa determina los deberes del personal sanitario que atiendan a esas personas, definiendo su marco de actuación y regulando las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley.
El Grupo Parlamentario Scialista indica en el texto que la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante. Además, los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en dicha ley.
Por último, la proposición de ley contempla la creación de una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las Comunidades Autónomas, que serán creadas por acuerdo de los respectivos Gobiernos autonómicos.
Permisos para el cuidado de menores
Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, por unamimidad, la toma en consideración de la Proposición de Ley, presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comù-En Marea, de reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
El objetivo de esta iniciativa, que continúa su trámite en Comisión, con el debate y votación de enmiendas al articulado, es mejorar el estado de los permisos de los progenitores y lograr que sean igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Para ello, Unidos Podemos-EC-EM, propone establecer medidas como la concesión de un “mismo periodo de suspensión para cada progenitor, sin que ninguna parte del mismo pueda ser cedido o compartido, y con derecho a una prestación del 100% de la base reguladora durante toda su duración”.
Asimismo, esta proposición de ley demanda una “actualización de las denominaciones para convertir el derecho de todo progenitor en un derecho personal e intransferible sin sesgos de género” ya que con la legislación actual “se da la paradoja de que una madre tenga que tomarse un permiso de paternidad (en el caso de dos progenitoras mujeres) o un padre el de maternidad (en caso de adopción o de cesión por parte de la madre biológica) dado que el diseño de los permisos anterior a esta reforma estaba orientado para familias biparentales heterosexuales con distribución desigual del cuidado”, sostiene Podemos-EC-EM.
Por otra parte, la proposición de ley insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias y de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, lleve a cabo campañas de sensibilización para dar a conocer los nuevos derechos incluidos en el nuevo Sistema, con especial hincapié en la equiparación total de derechos y deberes de todas las personas progenitoras.
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