“Tengo 58 años y a los 56 fue la primera vez en mi vida que supe que lo mío no era cosa de nacimiento, sino de la talidomida. No queremos culpables, sino responsables. No queremos piedad, ni compasión, sólo justicia por tantos años de sufrimiento e incertidumbre”.
Con estas palabras, Manuel González León, un salmantino que sufre los efectos secundarios de este medicamento que se le daba a las embarazadas para calmar sus naúseas en los años 50 y 60, justificaba y agradecía la moción que llevará hoy el Grupo Socialista al pleno de la Diputación de Salamanca y que presumiblemente será aprobada por unanimidad.
En ella, tal y como explicó el diputado Manuel Ambrosio Sánchez, se apela a la justicia social para que se reconozca la deuda histórica con estos enfermos desde hace más de 60 años, así como la lucha de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite). Este reconocimiento pasa, en primer lugar, por realizar un registro de todos afectados y establecer una unidad específica que cuantifique las imdemnizaciones y las prestaciones a las que tienen derecho.
En este sentido, el diputado explicó que se estima que hubo 3.000 personas en España que sufrieron malformaciones por la talidomida y que aproximadamente la mitad fallecieron en el parto o en los primeros meses de vida. De ellos, sólo sobreviven un 10%, en torno a 300, “pero son cifras imprecisas” porque incluso a algunos se les ha reconocido el problema de forma reciente y a otros ni siquiera eso.
Como le ocurre precisamente a Manuel González y a los otros tres compañeros de Salamanca, “yo no puedo ni ir a reclamar”, asegura. Pero los que sí lo hicieron, aquellos 24 que fueron reconocidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como víctimas de la talidomida, tuvieron que soportar un fallo judicial desfavorable porque el delito habría prescrito. Un sentencia que causa “estupor”, en palabras del diputado, y que les obliga a acudir al Tribunal de Estrasburgo. En ello está la asociación.
Mientras tanto, y teniendo en cuenta que el tiempo corre en su contra, “unas de las consecuencias de estas secuelas aparte de las malformaciones en las extremidades es el envejecimiento prematuro”, explica Manuel Ambrosio Sánchez, hay que buscar soluciones y justicia por otro lado, acudiendo a las instituciones.
Porque mientras en otros países europeos la compañía farmacéutica alemana Grünenthal, que distribuyó la talidomida entre 1957 y 1963, ha pagado cuantiosas indemnizaciones, pensiones vitalicias y gastos médicos, psicológicos y de prótesis, en España estos pacientes sólo tienen, en el mejor de los casos, certificados de discapacidad.
“La mayoría de las victimas vivas de talidomida que quedan en España sobrevive gracias al apoyo familiar o a las ayudas de instituciones caritativas o sociales, incluso ejerciendo la mendicidad en las calles de las grandes ciudades”, explican desde el Grupo Socialista. Para corroborarlo, Manuel González aseguro que él tiene reconocido un 49% de discapacidad, pero “otros llegan al 70, 80 o 90%, tienen mucha dependencia y malviven como pueden”.
Todo ello con el agravante de que en España el medicamento se siguió administrando hasta 1975, diez años más que en el resto de Europa y tras demostrarse científicamente en 1961 la relación entre el fármaco y las malformaciones de los fetos.
Apoyo por unanimidad en el Congreso
Mientras llega esa justicia que le han negado los tribunales, algunas instituciones, como hará mañana la Diputación de Salamanca, están aprobando en diferentes lugares del país mociones de apoyo. Hoy mismo, y por unanimidad, la comisión de Sanidad del Congreso ha respaldado la proposición no de ley de Ciudadanos por la que los grupos se reafirman en lo acordado el pasado 19 de abril, cuando todos también -en este caso a instancias de CiU- instaron al Ejecutivo a ampliar el procedimiento para reconocer a más víctimas y pagar las indemnizaciones de los ya reconocidas.
La talidomida, que fue desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH, es un fármaco que fue comercializado entre los años 1957 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo (hiperémesis gravídica).
Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que, en un principio, se creyó que no causaba casi ningún efecto secundario y, en caso de ingestión masiva, no resultaba letal, pero el medicamento provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
La talidomida afectaba a los fetos de dos maneras: bien que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas o bien que fuera el padre quien lo tomase, ya que la talidomida afectaba al esperma transmitiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción. Una vez comprobados los efectos teratogénicos nocivos del medicamento (que provocaban malformaciones congénitas) descubiertos inicialmente por el doctor Widukind Lenz y su compañero de la Clínica Universitaria de Hamburgo, el español Claus Knapp, éste fue retirado con más o menos prisa en los países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. España fue de los últimos, pues no lo retiró del todo hasta 1975.
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