La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha presidido este jueves el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que se ha aprobado el Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2023, que recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan.
El plan recoge cuatro ejes de actuación. En primer lugar, la sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del alzhéimer. En segundo lugar, se pretende situar a la persona en el centro de la atención sanitaria y social. Para ello, se desarrollarán las políticas de promoción de la salud y se fomentará entre la población y los profesionales el conocimiento de los factores de riesgo, así como los tratamientos más adecuados.
El tercer eje se centra en el derecho, la ética y la dignidad de la persona, y pretende mejorar los servicios, apoyos y prestaciones para avanzar en la atención a las personas en distintos ámbitos. Finalmente, el cuarto eje pone el foco en medidas para fomentar la investigación, la innovación y el conocimiento.
La estrategia se ha elaborado con una amplia participación a diferentes niveles, y ha contado con la colaboración del Grupo Estatal de Demencias y de las principales fundaciones, sociedades científicas, organizaciones profesionales e institutos y centros de investigación, así como la Fiscalía General del Estado y el movimiento asociativo de familiares de personas con alzhéimer y otras demencias.
Subvenciones con cargo al 0,7% del PIB
Por otro lado, el Gobierno y las comunidades autónomas (CCAA) también han aprobado el reparto de 214,5 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.
Estos fondos se reparten entre las CCAA, Ceuta y Melilla para que lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Son subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. Según se informa desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la distribución se ha hecho en función de los criterios que acordaron por unanimidad las CCAA y el Ministerio en el anterior Consejo Territorial, el pasado marzo.
Esta cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2018, correspondiente al ejercicio 2017, y suponen 11,8 millones más que el año anterior. El 18,86% restante corresponde a la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales. En total, la recaudación a través de la X Solidaria en la declaración de la renta de 2018 asciende a 264,4 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior.
El reparto, sin embargo, no ha convencido a todos los representantes autonómicos, entre ellos, a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha reivindicado en el Consejo Territorial un aumento del IRPF que se destina a las entidades del Tercer Sector. Blanco denuncia que Castilla y León recibe un 1,2%, mientras que en otras CCAA la cifra alcanza el 10 % en otras comunidades. Además, destaca “el importante esfuerzo que realiza la Junta al tener que adelantar dichos fondos para que esas entidades puedan desarrollar sus proyectos”.
Adopción internacional
Asimismo, en el seno del Consejo Interterritorial se ha dado luz verde al nuevo modelo de contrato de intermediación en adopción internacional. Esta modificación da cumplimiento al Real Decreto aprobado el pasado 22 de marzo en Consejo de Ministros, que establece que el modelo de contrato entre las familias adoptantes y los organismos acreditados de adopción (OAA) debe ser único, así como los costes de los trámites.
A partir de ahora, cada contrato se referirá a un país y a un organismo acreditado. Además, habrá una parte común y una parte económica diferenciada en función del país de origen y la OAA. Otra de las novedades es que cada familia tendrá, a la firma del contrato, una estimación básica del coste total del expediente. Por su parte, los OAA, tendrán flexibilidad a la hora de configurar sus pagos y se establece el sistema de cuotas que favorecerá su supervivencia.
Por otra parte, se ha acordado el levantamiento de la suspensión de la tramitación de adopciones de niños sin necesidades especiales en Vietnam.
Acogimiento
Durante el encuentr, también se han pactado criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad para el acogimiento familiar y en centros residenciales para menores. El objetivo es armonizar la actuación de las distintas CCAA, mejorar la coordinación y elevar los estándares de calidad.
En el caso del acogimiento familiar, el documento técnico comprende la valoración de la aptitud, la compensación económica y el fomento del acogimiento familiar y el asociacionismo. Estos tres ejes desarrollan los estándares de calidad consensuados con todas las entidades públicas en todas las fases del proceso de acogimiento familiar.
Por otra parte, por primera vez se ha establecido un marco común en los estándares de calidad en programas de estancias temporales de personas extranjeras menores de edad. El documento técnico establece, entre otras cuestiones, los procedimientos de seguimiento y coordinación, y determina los requisitos y buenas prácticas para las peticiones que hagan de acogida tanto las personas físicas como las jurídicas.
Seguimiento del Brexit
Con el objetivo de seguir avanzando en la coordinación entre las CCAA y el Ministerio en el ámbito de los Servicios Sociales, el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia también ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para hacer seguimiento del Brexit y de las posibles eventualidades que puedan surgir en relación a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de Servicios Sociales y de protección a las familias y a la infancia.
Este grupo se constituye en el marco de las comisiones delegadas de Servicios Sociales y del SAAD, y está integrado por representantes de la Administración General del Estado y de las CCAA, aunque también se promueve la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
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