La confederación Autismo España ha presentado este miércoles su Unidad de Defensa de Derechos y Buenas Prácticas, un proyecto que se asienta sobre la principal misión de la organización, apoyar a las personas con trastronos del espectrro del autismo (TEA) y a sus familias, promoviendo la reivindicación y el ejercicio activo de sus derechos apra favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades.
La Unidad, presentada en un acto celebrado en el Real Patronato sobre Discapacidad, nace con un triple objetivo: prevenir las actuaciones sin evidencia científica en el abordaje de los trastornos del espectro del autismo, sensibilizar sobre las buenas prácticas y actuar ante casos de vulneración de derechos de las personas con TEA.
Además, prestará apoyo y asesoramiento a las familias y entidades que así lo soliciten y fomentará el establecimiento de alianzas con los distintos organismos implicados en la atención a las personas con TEA.
Precisamente con el propósito de establecer esas vías de colaboración, el acto ha concluido con un encuentro de trabajo en el que han participado representantes de la Administración pública y del Tercer Sector, así como profesionales de la comunicación. Como ha explicado Jesús García Lorente, director general de Autismo España, es fundamental “tender puentes a la colaboración entre los diversos agentes que, de una forma u otra, estamos en contacto con las personas con TEA y sus familias, para avanzar en la defensa de sus derechos y mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo”.
En este sentido, ha insistido en que las buenas prácticas son un derecho para las personas con TEA y que es preciso, no solo “erradicar y combatir las pseudoterapias y las prácticas no basadas en la evidencia científica”, sino también “garantizar los apoyos y los recursos necesarios que permitan un abordaje integral y específico de las necesidades del colectivo en ámbitos como la educación, el empleo, el envejecimiento activo o la Sanidad”. Precisamente hoy, ha recordado García Lorente, “se celebra el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal bajo el lema Es hora de emprender acciones colectivas, y es que solo garantizando una Sanidad de calidad (basada en las buenas prácticas) y asequible (adaptada a las necesidades y características de las personas con TEA), el colectivo tendrá garantizado su derecho a una atención específica e integral de su salud”.
Estas palabras han sido compartidas por Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, quien ha señalado que, aunque aún queda mucho por hacer, este año 2018 “ha sido positivo para el sector de la discapacidad, porque se ha avanzado mucho en materia de derechos”. En este sentido, ha destacado que por fin las personas con discapacidad han visto reconocido su derecho al voto, y también se ha modificado el artículo 49 de la Constitución para actualizarlo y adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Junto a Jesús Celada han participado en esta reunión de trabajo Diego Fernández, director general de Planificación y Gestión Educativa; María Teresa Martínez, vocal asesora de la Dirección General de Función Pública; María Luisa Peña, directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; María Luisa Gómez, directora de la Plataforma de ONG de Acción Social; Nina Mielgo, directora de la Fundación de Protección Social de la Organización Médica Colegial; Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Jesús Martín, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad; Patricia Rosety, presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos; José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, y Carlos Mateos, director de Salud sin bulos.
Todos ellos han coincidido en la importancia de poner en valor las necesidades del colectivo y han mostrado su disposición a colaborar con Autismo España en la defensa de sus derechos, haciendo especial hincapié en el ámbito sociosanitario. Y es que, en los últimos años, han proliferado prácticas sin evidencia científica y pseudoterapias “que pueden poner en grave riesgo la salud de las personas con TEA, generando además falsas expectativas en las familias y poniendo en duda la efectividad de las intervenciones psicoeducativas, las únicas recomendadas para el tratamiento del TEA”.
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