El 3 de diciembre del pasado año, coincidiendo con la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) anunciaba la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) contra el “copago confiscatorio” establecido en el sistema de atención a la dependencia.
Para el colectivo, que ha reunido hasta el momento más de 531.700 apoyos, este copago “hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema” en los propios afectados, por lo que con su movilización busca una reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, promulgada el 14 de diciembre de 2006, a fin de modificar “la desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones”.
Según el manifiesto con el que arrancó la campaña No al copago confiscatorio (#NOALCOPAGOCONFISCATORIO), uno de los aspectos que más rechazo ha generado en los años de desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que ha generado “más cotas de insatisfacción” ha sido “el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como copago, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio, y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba del sistema a los mayores y a las personas con discapacidad por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica”.
Mayores niveles de exclusión social
Como subraya el CERMI, las personas con discapacidad y mayores “que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio”, que impide “los apoyos sociales imprescindibles y restringe o suprime los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social”.
Con su campaña, que puede respaldarse a través de la web www.ilp.cermi.es y que finalizará en tres meses, el actual sistema de copago en dependencia “ha llevado a millones de personas a una situación extrema”, y muchos afectados “han sido expulsados del sistema y se les ha impedido el ejercicio de sus derechos sociales”. Según recuerda el CERMI, hay comunidades autónomas en las que las personas en situación de dependencia deben aportar hasta un 90% del coste del servicio”, y esta situación “ha forzado a sacar a afectados de recursos no domiciliarios y a volver a su casa, a costa de la inclusión y de la autonomía personal”. En este sentido, resalta que entre 2009 y 2013 la media de la cantidad que aportan los beneficiarios del SAAD por las ayudas que reciben “se había disparado un 68%).
En opinión de la organización que representa al colectivo de personas con discapacidad, “es preciso establecer las reglas del copago, que ahora están en manos de las comunidades, que con la excusa de la crisis han impuesto aportaciones económicas inasumibles y dispares”, y la solución pasa “por una aplicación más justa y realista de la ley de dependencia, con criterios de copago claros y equitativos”.
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