Patricia Cuenca, autora de un estudio publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha pedido este viernes que se modifique la normativa penitenciaria española para adaptarla a las exigencias de la Convención Internacional de la Discapacidad, con el fin de mejorar la situación de las casi 5.000 personas reclusas con discapacidad que hay en todo el país.

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La Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Salamanca trasladó su mesa informativa lejos de la capital, en este caso, hasta las puertas del centro penitenciario de Topas, para llevar hasta allí una serie de reivindicaciones que defienden la calidad de vida de los reclusos afectados por esta enfermedad.

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