Opinión Por FADSP* Miércoles, 10 Abril 2019 13:37
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Otra vez a vueltas con la Ley del Aborto

*Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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Con la democracia en España, y después de mucho tiempo de lucha por parte del movimiento feminista, se consiguió primero una ley de supuestos en los que se despenalizaba el aborto, en julio de 1985, que no satisfizo a nadie.

aborto FADSP opinionPosteriormente, en marzo de 2010, se aprobó una ley de plazos en la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que es equiparable a las normas existentes en otros países europeos de nuestro entorno y sirve para la resolución de prácticamente todas las demandas de interrupción voluntaria del embarazo que puedan surgir. Sin embargo, no desarrolló la parte de salud sexual y reproductiva, que hubiera servido para la prevención del aborto, aspecto fundamental en este tema.

Pero no es esa la primera ley del aborto que ha tenido España. El 25 de diciembre del 1936 se legaliza en Cataluña el aborto libre durante las primeras 12 semanas de embarazo, un decreto firmado por Josep Tarradellas, y siendo ministra de Sanidad Federica Monseny se despenalizó también la práctica del aborto inducido en noviembre de 1936.

Las personas nacidas después de la guerra civil española no hemos vivido prácticamente ninguna situación de regresión en los derechos conquistados, y consideramos permanentes los logros, logros que, si no seguimos luchando por su permanencia, podrían no serlo.

Parece que ha vuelto el momento de seguir luchando por el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, ya que la derecha parece dispuesta a atacarlo.

Desde la FADSP, proponemos que, además de la defensa del conjunto de la ciudadanía del "aborto libre y gratuito" –es decir, decidido por la mujer en las 12 primeras semanas–, se promocionen también, en estos momentos, instrumentos técnicos que faciliten el control por parte de las mujeres del proceso de interrupción del embarazo, como el aborto farmacológico, método que facilita la autonomía de las mujeres y, además, es más inocuo que el quirúrgico, más accesible y más económico.

Proponemos la anulación de la modificación de la ley impulsada por el Partido Popular, por la cual las menores de 18 años necesitan la autorización de sus padres para poder interrumpir su embarazo. Situación que sólo sirve para crear problemas a las menores en riesgo de exclusión social que, en ocasiones, no tienen relación con sus progenitores, ya que la mayoría de menores cuentan con el apoyo de sus padres para la interrupción del embarazo.

 

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